Es un hecho que nuestra configuración geográfica no se condice con el uso que hacemos del mar; y que, además, tenemos una institucionalidad marítima compleja por la cantidad de organizaciones estatales que intervienen, que son fuente de descoordinaciones e ineficiencia. Así, más de una vez se ha pensado en crear un Ministerio del Mar que incentive y regule la actividad marítima. En esa línea ha habido dos intentos importantes: en 1972, el gobierno de la Unidad Popular presentó un proyecto que finalmente fue rechazado por el Senado; más tarde, en 1986, el gobierno militar creó una comisión de alto nivel para estudiar el tema, la que también desaconsejó tal medida.
Hace poco más de un año, un grupo de diputados desempolvó esta idea, solicitando a la Presidenta de la República «la creación del Ministerio del Mar, Acuicultura y Asuntos Marítimos» (Resolución Nº 718, nov. 2016). En junio del año pasado se convocó a un seminario en el Congreso Nacional, donde varios representantes sectoriales se mostraron proclives a aquel ministerio.
Sin embargo, desde una mirada global se aprecian varias dificultades. Primero, concentrar en una sola autoridad el amplísimo espectro del quehacer marítimo obligaría a crear un superministerio, caro y burocrático, que probablemente entrabaría aún más el desarrollo marítimo del país. En segundo término, la mayoría de las actividades marítimas ya están a cargo de ministerios sectoriales, y no tendría sentido separar artificialmente por la línea de la costa la función que cumplen. Así como el Ministerio del Deporte debe velar integralmente por esa actividad, sea que se ejecute en el mar o en tierra, igualmente los ministerios de Minería, Cultura, Ciencia y Tecnología, Medio Ambiente, etcétera, no podrían desentenderse de lo que ocurra en el mar.
Por otra parte, no porque dos o más actividades se desarrollan en el mar, deben quedar bajo una misma autoridad. Por ejemplo, podría ser desaconsejable la recurrente tentación de fusionar en un solo ministerio Transporte Marítimo y Pesca-Acuicultura. El primero tiene mucho más relación con la actividad terrestre (vías férreas, caminos, túneles, producción y distancia del hinterland , etcétera), antes que con la pesca y la acuicultura, que también se realizan en el mar.
Tampoco es menor el hecho de que en los últimos siete años se han creado cinco nuevos ministerios, que han aumentado los cargos públicos, con una eficacia al menos dudosa. Comparativamente, EE.UU. cuenta con el equivalente a 14 ministerios y nosotros con 23. Pareciera que confiamos en que bastan las leyes y las normas administrativas para cambiar la realidad, obviando el esfuerzo educacional.
En definitiva, antes que un Ministerio del Mar, se propone un consejo permanente supraministerial de carácter público-privado, relativamente pequeño y con personas de alto nivel, que asesore al Presidente de la República en la elaboración y fiscalización de políticas y programas relacionados con asuntos marítimos.
El núcleo de esta nueva institucionalidad podría ser el «Consejo de Ministros para el Desarrollo de la Política Oceánica», creado por D.S. Nº137, sept. 2- 2016, integrado por los ministros de RR.EE., Defensa, Economía y Medio Ambiente. Bastaría agregarle una reducida secretaría permanente e incluir a Directemar, a representantes del ámbito privado y al ministro de Educación. Este último, para fomentar la cultura marítima en los chilenos, que es clave para el natural y armónico funcionamiento de cualquier institucionalidad marítima.
Fuente: El Mercurio
