En mayo de 2013, la sociedad concesionaria que tenía a cargo la primera concesión del proyecto Ruta 66-Camino de la Fruta informó al Ministerio de Obras Públicas su decisión de solicitar el fin anticipado del contrato por sobrecostos de medidas ambientales adicionales.
Desde ese entonces, los usuarios de esta carretera que involucra a tres regiones -Metropolitana, V y VI- han esperado que se realicen las obras necesarias para transformar a esta deteriorada ruta en una autopista de estándares modernos.
Ayer el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, afirmó que el llamado a licitación para la concesión del Camino de la Fruta -iniciativa de US$ 600 millones- se realizará en julio de este año, mientras que la apertura de ofertas está prevista para enero de 2018.
A inicios de 2017, Concesiones del MOP tenía previsto licitar la carretera en abril.
«Gatillador» de obras
Undurraga explicó que las bases de licitación salieron del MOP en diciembre de 2016 para que fueran revisadas por los ministerios de Hacienda y Desarrollo Social. Este último debería entregar su informe de rentabilidad social para que luego los documentos ingresen a Contraloría General de la República.
«Dejaremos adjudicado el Camino de la Fruta en nuestro gobierno», afirmó Undurraga.
Respecto de la tramitación ambiental del proyecto, el titular del MOP comentó que será responsabilidad del concesionario. Pero indicó que «hemos hecho el trabajo con cada uno de los municipios respecto al trazado, que es lo fundamental».
Sobre la relevancia del proyecto, Undurraga afirmó que es «vital para la conectividad del puerto de San Antonio y para los aumentos de flujo que seguirán habiendo. Incluso, tiene gatilladores de obras, pues tiene una primera parte con doble vía, pero en función del flujo se pueden activar nuevas inversiones durante el periodo de concesión».
Según datos de Concesiones del MOP, las obras permitirán mejorar el acceso hacia los dos puertos de Valparaíso y San Antonio. La ruta abarca el tramo comprendido entre su conexión con Ruta 5 (Pelequén) y el acceso al puerto de San Antonio, con una longitud aproximada de 138 kilómetros.
La iniciativa plantea ampliar a segundas calzadas los primeros kilómetros entre Pelequén y Peumo, y una calzada bidireccional -por la ruta actual o en variante- para el resto del trazado. También se proyectan obras como intersecciones desniveladas, mejoramiento de estructuras y pavimentos existentes, terceras pistas en tramos de alta pendiente, construcción de cruces a nivel, iluminación y pasarelas, entre otros.
Fuente: El Mercurio
