Movimiento opositor al Puente Chacao argumentó en comisión de diputados

Cuatro integrantes del movimiento Defendamos Chiloé realizaron ayer en la tarde una presentación ante la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara Baja, en la que expusieron diversos argumentos con la finalidad de solicitar que se fiscalice la licitación que se realizó para el proyectado puente sobre el canal de Chacao.

Los activistas se presentaron ante los 12 integrantes de la instancia presidida por la diputada por Chiloé y Palena, Jenny Álvarez (PS), quienes luego de la exposición consultaron varios aspectos relativos a las exposiciones de los isleños.

Dentro de estas razones presentadas por el geógrafo Álvaro Montaña y el ingeniero comercial Juan Carlos Viveros, causaron la atención de los parlamentarios las críticas en cuanto a la participación ciudadana y una carta enviada por la Asociación de Ingenieros del MOP al ministro de esa cartera, Alberto Undurraga.

«Esta carta se las presentamos en un Power Point y los diputados pidieron que en una próxima sesión asista el ministro de Obras Públicas a explicar qué pasó con eso», señaló el líder del movimiento, Viveros, agregando que «como organización estamos contentos porque esto es histórico, ya que se va a fiscalizar esta licitación y además está la probabilidad que posteriormente haya una comisión investigadora».

El profesional recalcó que esta misiva de los ingenieros hacia el secretario de Estado «no decía que podía ser, sino que dicen que la decisión de licitar el proyecto del Puente Chacao está fuera de las normas legales vigentes». Sumó que «si bien el diputado (Alejandro) Santana dice que el proyecto es complementario, nosotros decimos que no se trata de ese tema, sino de errores graves que se tienen que investigar y uno de los más graves es que el proyecto puede ser ilegal».

Otro tema que causó sorpresa en los congresistas fue el planteamiento de la delegación de Defendamos Chiloé que relacionó la gran cantidad de tierras que posee el ex Presidente Sebastián Piñera en el sur de la Isla Grande (118 mil hectáreas, que ascienden al 13% de Chiloé) y el proyecto del puente reactivado en su mandato que redundaría en el beneficio del aumento de la plusvalía de las propiedades. Al respecto, Viveros advirtió que «en el momento político que vive el país, con las cosas que pasan con Penta y Soquimich, a nosotros nos da para pensar cualquier cosa, por eso hemos pedido que se fiscalice».

Congresistas

En contraparte, el diputado Alejandro Santana (RN), que no es integrante de la comisión pero que en esta oportunidad quiso participar, mencionó que «los proyectos pueden ser complementarios y no necesariamente excluyentes, y creo que el Estado de Chile tiene la obligación de poder cubrir todos los espacios que no se han resuelto y muchos de ellos están en carpeta, en evaluación o en desarrollo, como los hospitales o la universidad y cuando el Estado no cumple se genera esta desesperanza y muchas veces pensar que si se dejara de hacer esto se podría hacer lo otro».

Por su parte, su par Iván Norambuena (UDI) replicó que «encuentro de gravedad y una falta de respeto el relacionar el proyecto con la propiedad de cualquiera sea el personaje que tenga terrenos allá y me imagino que el ex Presidente de la República puede ser dueño de un terreno, como pueden haber muchos dueños en la Isla, y en el fondo es calificarlos a todos dentro de un sistema y un proyecto para lograr mejor plusvalía de sus terrenos».

La diputada Alejandra Sepúlveda, quien adhiere al partido en formación Miras, mientras tanto, solicitó que se pida la concurrencia del ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga a la comisión de esa rama para explicar las acusaciones de Defendamos Chiloé acerca de la carta de los ingenieros del MOP.

«Uno cree desde acá que todo el mundo podría querer el puente, por eso me alegra de tener una visión distinta. Me parece preocupante también, porque pensé que todo esto tenía que ver con un proceso de participación democrático, donde se vio lo que había que hacer de acuerdo a las prioridades de ustedes», consignó la ex presidenta de la Cámara de Diputados, quien vislumbró luego de la presentación prioridades para Chiloé: «Un hospital, la conectividad entre las islas del Archipiélago y lo que tiene que ver con educación también».

«El Presidente (Ricardo) Lagos propone la construcción de este puente y se toma la decisión en el primer gobierno de la Presidenta (Michelle) Bachelet de no construirlo y hacer un Plan Chiloé que a estas alturas del partido todavía no se termina de desarrollar. Luego el Presidente Piñera le da el puntapié inicial», afirmó.

«Me sorprende porque está lleno de contradicciones el proyecto y si uno se fija en lo que ocurrió con el mall (de Castro) nunca imaginaríamos que la gente lo quisiera y así fue. Habría que ver cuántos chilotes están de acuerdo y cuántos no (…), y si no se consultó, hay un tema de base que está mal diseñado», aseveró.

«Lo que se plantea acá es cómo se hacen las cosas y los procesos y en Chiloé nos hemos visto afectados muchas veces con proyectos que no tienen la aprobación de la ciudadanía y no son participativos. No se da solo en Chiloé, sino que en todo Chile sin la participación adecuada y que lleva a que la ciudadanía se queje», expuso.

Acerca de la participación social del proyecto, el presidente de Defendamos Chiloé, Juan Carlos Viveros, calificó que «esto está anunciado como una megaobra que trae megaimpactos, pero estos no tienen detrás los megaestudios y cuando se habla de una obra gigante que va a impactar a la vida de la gente, como mínimo debieron habernos contado a los chilotes cómo nos va a cambiar la vida».

El dirigente agregó que «nadie nos ha dicho cómo nos va a impactar esto en lo social ni en lo cultural, a un territorio declarado Patrimonio de la Humanidad por sus construcciones y Patrimonio Agrícola Mundial».

Fuente: Estrella Chiloé