La sentencia de la Corte Suprema que derribó las aspiraciones de Mallplaza y la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) de construir el mall Puerto Barón abrió un debate en torno al destino de ese paño de terreno. Y para darle otro uso la empresa estatal debe poner fin al contrato de concesión aún vigente con Plaza Valparaíso S.A., para lo cual existe una cláusula que vence a fines de este mes, según ha hecho notar el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp.
El director jurídico del municipio, Nicolás Guzmán, explicó que el 21 de enero de 2016 se hizo la última modificación al contrato de concesión entre EPV y Plaza Valparaíso S.A. (PVSA) y se incorpora una nueva sección «que se denomina término anticipado por proyecto modificado y se señalan causales de término anticipado del contrato, aun cuando los plazos se encontraren suspendidos, y dentro de esa causales hay dos que tienen relación directa con la sentencia de la Corte Suprema».
Puntualmente, la causal que podría invocar EPV en este caso señala textualmente que para finalizarlo de manera anticipada se requiere que «dentro de los 30 días corridos siguientes al 30 de diciembre de 2017, cualquiera de las partes notifique a la otra su voluntad de poner término anticipado al contrato, en caso que, siendo necesaria la obtención de nuevos permisos o autorizaciones relativos al Proyecto Modificado, o modificación de las existentes, éstas sean denegadas, rechazadas o no se hubiere obtenido pronunciamiento por parte del organismo competente que permita el desarrollo del Proyecto Modificado por causas no imputables al concesionario».
Es decir, como la Corte Suprema dejó sin efecto el permiso aprobado en 2013, se hace necesaria la obtención de un nuevo permiso, por lo que en este caso aplicaría esta causal y EPV podría recurrir a ella para no indemnizar a Plaza Valparaíso, explicó Guzmán.
El procedimiento de término de contrato en caso de operar esta causal u otra indica que «la parte afectada notificará su decisión de poner término al contrato. Dicho término se verificará luego de 90 días corridos contados desde la recepción de la notificación».
Si bien el alcalde ha señalado que EPV, de invocar la primera causal, no tendría que desembolsar ni un peso como indemnización, Guzmán precisó que sí podría incurrir en algunos gastos menores si se toma este momento contractual como salida, debiendo tomar en consideración solamente las denominadas «Obras Incluidas», puesto que hay obras excluidas de compensación y hay otras incluidas en el proyecto modificado, por las cuales EPV debe compensar a Plaza Valparaíso su valor bruto.
Entre estas últimas el contrato señala que «EPV se obliga a adquirir y compensar: obras, construcciones e infraestructura, gastos, permisos, anticipos de canon y renta, estudios y proyectos que digan relación con el proyecto y que éste desarrolle o incurra hasta el día 30 de diciembre de 2020 o hasta la fecha en que este plazo se haya prorrogado automáticamente. Se consideran también los aportes efectuados por PVSA a la construcción del Terminal de Pasajeros definitivo en nueva localización».
Sobre este último punto, Guzmán precisó que para aclarar si EPV debe o no compensar y cuánto sería el monto indemnizatorio, «se debe revisar el Anexo Y de la cuarta modificación para conocer las Obras Incluidas que deben ser adquiridas y compensadas por EPV. Dicho anexo contiene la descripción de las obras, estudios, permisos, proyectos o gastos, así como también el valor bruto de ellos que EPV deberá pagar a PVSA, debiendo facturar PVSA a EPV con IVA cuando corresponda».
Por otra parte, la declaración pública que emitió EPV sobre su revés judicial señala que «el mismo fallo que la alcaldía celebra impide la construcción de cualquier tipo de parque en el borde costero y deja como único uso posible el almacenamiento o transferencia de carga en este sector».
Respecto de este punto, el director jurídico del municipio aclaró que «lo que hace el fallo de la Corte es, en definitiva, decir qué es lo que no se puede hacer mientras se mantenga la condición específica que es que la línea férrea atraviese el predio concesionado, y lo que no se puede hacer es un proyecto de equipamiento mayor, como es el caso de un mall. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer? Para determinarlo se tendrán que pronunciar los organismos técnicos correspondientes, como la Dirección de Obras, Asesoría Urbana o el Consejo de Monumentos Nacionales, en relación con los hallazgos arqueológicos, etc., y mucho también tendrá que decir el nuevo Plan Regulador Comunal en que está trabajando la Secretaría de Planificación».
Un aspecto que rebate esta interpretación que hizo EPV del fallo lo puso sobre la mesa el concejal Eugenio Trincado (DC), quien recordó que el año 2006 el Concejo Municipal aprobó un seccional para ese paño de terreno, con el fin de permitir un uso de suelo acorde al proyecto comercial que se pretendía construir, pues el uso de suelo antes de ese seccional del Plan Regulador Comunal sólo permitía el uso portuario que esgrime EPV.
«El cambio de uso de suelo corresponde al municipio y el municipio votó a favor de un uso inmobiliario, aparte del uso portuario, por lo tanto, eso está definido por el Concejo Municipal y no es que por el solo hecho de que se haya abortado esta iniciativa esté impedido de hacer un uso de suelo para otra actividad que no sea la portuaria. No conozco otro ente que tenga decisión sobre el uso de suelo», remarcó Trincado, quien de todos modos lamentó que el proyecto Puerto Barón se haya malogrado.
A su vez, el concejal Daniel Morales (Pacto La Matriz) recordó que «fue la Presidenta Bachelet en su primer periodo, con el decreto 141, quien dijo que se podían prescindir esos terrenos de la actividad portuaria y desafectó al menos tres hectáreas de actividad portuaria en ese lugar, dejándolo para otros usos. Por otra parte, no hay que olvidar que estamos en plena confección del nuevo Plan Regulador y de una manera participativa. Entre técnicos y ciudadanía, vamos a determinar de una forma democrática lo que se pueda generar en ese lugar».
En tanto, el concejal Claudio Reyes (Pacto La Matriz) hizo notar que la sentencia «lo que está diciendo es que este acto ilegal no da pie a la aprobación de ningún tipo de proyecto de equipamiento en ese sector; sin embargo, puede haber algún tipo de infraestructura relacionada con el puerto, puede haber áreas verdes, un parque urbano, pero nada que signifique equipamiento, de eso habla el fallo. Por ejemplo, las áreas verdes están consignadas en otro punto de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y no son consideradas equipamiento».
No fue a alegatos
La declaración de EPV también critica que «el alcalde no concurrió a alegar a la Corte Suprema, y generó un grave daño al proceso, pues actuó en contra de lo que el propio Municipio avaló cinco años antes con el otorgamiento del permiso de construcción».
Sobre este aspecto, el concejal Iván Vuskovic (PC) expuso que «la Municipalidad es una institucionalidad que tiene existencia y que, por tanto, no puede una administración hacerse como que no entiende lo que han hecho otros. Nosotros tenemos una continuidad que no podemos negarla y creo que, en ese sentido, vamos a tener complicaciones».
Para el edil, «es obvio» que Sharp «tendría que haber alegado en la Corte Suprema, porque nos podrían acusar de que dimos mal el permiso y van a acusar no a la administración Castro ni a Aldo Cornejo, sino que a la Municipalidad de Valparaíso, y quien va a tener que pagar si es que nos condenan es la Municipalidad de Valparaíso, esté de alcalde Sharp o el que venga, o él mismo, si es que sigue».
Por su parte, el concejal Morales planteó que en caso que el municipio se hubiera hecho parte en los alegatos «¿qué iba a decir Sharp? Si los hechos por los cuales se bajó este proyecto son evidencias indesmentibles. ¿Qué iba a decir? ¿Que la línea del tren no existe? Hubiese sido un espectáculo triste, incluso, el haber permitido que el alcalde fuera a argumentar en contra de algo tan comprobable como que el terreno enfrenta a una línea del tren y no enfrenta una vía troncal o expresa».
A su vez, el concejal y abogado Carlos Bannen (UDI) subrayó que «cuando uno defiende intereses públicos, cuando uno está en cargos públicos, si no tienes la posibilidad de lograr acuerdos que sean beneficiosos para la Municipalidad, lo que tienes que hacer es llegar hasta las últimas instancias judiciales».
No obstante, el edil reconoció que «también tenemos que considerar que hay un cambio de postura de la administración, y yo no sé cuál hubiera sido la postura si hubiera ido un abogado de la Municipalidad, porque la verdad es que la postura del municipio siempre fue estar a favor del mall Barón. Y en este caso, como el alcalde ha manifestado que él está en contra, la verdad es que hubiera sido un sinsentido ese cambio de postura, si es que hubiera ido un abogado».
En tanto, el concejal Reyes estima que «EPV está en un error garrafal, porque el municipio, en el fondo, no tiene ninguna injerencia, porque todas las presentaciones judiciales fueron hechas por particulares. Además, lo que dice la Corte Suprema en su fallo es que hay un acto ilegal en la aprobación del permiso, y al haber un acto ilegal ningún municipio puede avalar algo que no está de acuerdo a la ley».
Por su parte, el concejal Luis Soto (UDI) señaló que «lo que uno espera en estos casos es el actuar institucional de un organismo público, como es el municipio, y haber agotado todas las instancias legales necesarias. Ahí el alcalde Sharp deberá explicar su proceder respecto a lo denunciado por la EPV. A lo que estamos llamados desde la gestión pública siempre es a actuar en la rigurosidad del orden jurídico, por eso solicitaré al municipio el informe de análisis de esta sentencia, tanto en lo judicial, legal y administrativo».
A su vez, la concejala Ruth Cáceres (RN) consideró que, más allá de haber concurrido o no a los alegatos, «lo importante es que ese proyecto se cayó y ahora habrá que pensar lo que viene a futuro y hacerlo de la mejor manera por la ciudad, que haya ingresos importantes en ese aspecto y que no se deje que solamente el Gobierno haga lo que quiera. Si nosotros también tenemos opinión, no es llegar y hacer una cosa así pasando la aplanadora».
«Se señalan causales de término anticipado del contrato, aun cuando los plazos se encontraren suspendidos, y dentro de esa causales hay dos que dicen relación directa con la sentencia de la Corte Suprema»
Nicolás Guzmán, Director Jurídico de la, Municipalidad de Valparaíso»
LAGOS WEBER ESPERA DECISIÓN PRESIDENCIAL
«La Empresa Portuaria de Valparaíso debe concentrarse en cumplir su función, que es la administración portuaria. Esa debió ser siempre su misión y no dedicarse al negocio inmobiliario y respecto de lo cual, hace más de cinco años algunos hemos venido denunciando», señaló de manera tajante el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), quien además cuestionó a EPV por «apoyar procesos que, como la justicia ha dicho, no se ajustan a la legalidad vigente. Las expresiones que usa no se condicen con la conducta de una empresa pública frente a un fallo de la Corte Suprema. Es por eso que espero que la Presidenta Michelle Bachelet, en consulta con EPV, pueda tomar alguna decisión sobre el uso de esos terrenos e instruya sobre el uso que se le puede otorgar para poder zanjar este tema».
SECTOR TURISMO DEFIENDE LA PERMANENCIA DEL TERMINAL VTP
La vicepresidenta ejecutiva de la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur), Andrea Wolleter, manifestó la inquietud del sector por el futuro del terminal de pasajeros VTP. «Es una infraestructura necesaria para una industria que va a seguir creciendo y necesitamos darles servicios a los turistas que son acordes a lo que ellos necesitan. De hecho, nos gustaría que en este momento la discusión se centrara, por ejemplo, en un muelle especial para recibir a los cruceros», recalcó.
En cuanto al futuro del terreno en el que se emplazaría el proyecto de Mallplaza, enfatizó que sería una lástima que se perdiera la oportunidad de poder hacer algo en ese espacio que puede potenciar el turismo de la región. «En otros países, lugares de esa naturaleza se han aprovechado de buena forma».
Respecto al VTP, el concejal Claudio Reyes señaló que es posible mantenerlo, pero a condición de que se regularice. «En el fondo hay que revisar y hacer modificaciones para que cumpla con la legalidad vigente», dijo.
Este medio intentó comunicarse con el concesionario del VTP para conocer los pasos que seguirá, pero no hubo respuesta sobre el particular.
«No es que por el solo hecho de que se haya abortado esta iniciativa esté impedido de hacer un uso de suelo para otra actividad que no sea la portuaria»
Eugenio Trincado, Concejal de Valparaíso»
Fuente: El Mercurio de Valparaíso
