En 10 a 15 días un grupo de 100 pescadores generó en torno a US$ 4 millones mediante el ejercicio de la extracción ilegal de sardinas. Ese es uno de los ejemplos de esa actividad que conoce el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca).
Así lo afirmó el director del Sernapesca, José Miguel Burgos, quien señaló que es difícil determinar con exactitud los montos y volúmenes que mueve la extracción ilícita. Pero indicó que algunas estimaciones en pesquerías donde han detectado mayores operaciones indebidas, como en el caso de la merluza común, la pesca ilegal es hasta cuatro veces superior respecto de las cuotas autorizadas por la autoridad para la temporada.
Para este año, el gobierno -respaldado en información científica- aumentó en 8,7% la cuota de extracción de la merluza común o «pescada», situándola en 25 mil toneladas, tras dos años (2015 y 2016) estancada en 23 mil toneladas. En 2014, la cuota bajó a 19 mil toneladas desde las 40 mil del ejercicio previo.
Burgos precisó, de todos modos, que hace un par de años, cuando partió el actual gobierno, la extracción ilícita podía ser hasta siete veces superior a la legal. «Esa cifra ha ido disminuyendo, pero es un desafío gigantesco», sostuvo.
Esas declaraciones las realizó ayer tras inaugurarse el primer taller internacional «Gira técnica de cooperación Sur-Sur y triangular para el fortalecimiento de capacidades y medidas para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada». El encuentro fue organizado por el Gobierno de Chile -a través de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) y Sernapesca- y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). La actividad, donde participan nueve países, culmina el 23 de junio y apunta a fortalecer medidas para prevenir dicha actividad que amenaza la sostenibilidad y conservación de los recursos pesqueros y biodiversidad marina.
Burgos explicó que la pesquería más afectada es la merluza y luego la sardina, que se desarrollan principalmente en el Maule y el Biobío, respectivamente.
El ministro de Economía, Fomento y Turismo, Luis Felipe Céspedes -quien participó ayer en la actividad con la FAO- recordó que en el Parlamento se está tramitado un proyecto de ley que apunta a mejorar la capacidad de fiscalización de Sernapesca y se elevan las multas en materia de pesca ilegal. Esto último, especialmente a quienes actúan en la fase de comercialización.
«Hemos estado trabajando en una agenda que nos permita fortalecer el combate contra la pesca ilegal. Avanzamos de manera significativa en la parte institucional. Uno de los elementos importantes nuevos son los posicionadores satelitales, ya que las embarcaciones de determinado tamaño deben tener esto para que sean monitoreadas sus actividades por parte de Sernapesca».
Céspedes añadió que «también hemos dicho que se requiere avanzar en sanciones en materia de pesca, que las endurezca, haga más efectivas y permita detectar en la cadena productiva los puntos que deben ser fiscalizados».
El proyecto de ley que «Moderniza y Fortalece el Ejercicio de la Función Pública del Servicio Nacional de Pesca» ingresó a la Cámara de Diputados el 31 de diciembre de 2015 y hoy se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado.
Según antecedentes proporcionados por Sernapesca el año pasado, el gerente o administrador de una empresa que procese pesca ilegal arriesga una pena de presidio de 541 días a 3 años más una multa mínima de unos $13,7 millones y una máxima de cerca de $23 millones. En tanto, pescadores artesanales que sean sorprendidos en tenencia, por ejemplo, de 10 kilos de recurso almeja, actualmente arriesgan una multa mínima de $1,3 millones y una máxima de $13,7 millones. Con la modificación propuesta su castigo mínimo es de poco más de $10 mil y la máxima de $203 mil.
José Miguel Burgos comentó que la mayor fiscalización de la pesca ilegal no derivaría en un alza de los precios de los productos. Explicó que hoy los consumidores finales pagan lo mismo por una merluza extraída legalmente o de forma irregular. Señaló que la caja legal de «pescada» se transa a $30 mil -desde su origen-, mientras que la ilícita a $5 mil, recibiendo las utilidades quienes se dedican posteriormente a la comercialización.
«La pesca ilegal es, según cifras internacionales, el tercer delito más lucrativo del mundo, luego del tráfico de armas y drogas». LUIS FELIPE CÉSPEDES MINISTRO DE ECONOMÍA
El proyecto desincentiva, pues pone una sanción fuerte en la comercialización, especialmente en pesquerías más críticas». JOSÉ MIGUEL BURGOS DIRECTOR DE SERNAPESCA
Fuente: El Mercurio
