Categórica fue la respuesta de Raúl Urzúa, presidente del directorio de la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) frente a los dichos del recién electo alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, ante un eventual plan alternativo para el Terminal 2 del puerto, que fue adjudicado por medio de un concurso a la hispana OHL. «Aquí opera una institucionalidad vigente y esperamos que esta siga operando», manifestó.
El ejecutivo agregó que «el Terminal 2 (T2) está basado en una licitación pública internacional y fue adjudicado a una empresa. Está en una etapa contemplada en la legislación chilena que es el Estudio de Impacto Ambiental. Los servicios e instituciones del Estado están haciendo los análisis respectivos y esperamos que en abril o mayo se pronuncien y este proyecto siga el curso que deba seguir».
Recogiendo la inquietud del nuevo alcalde por conocer en detalle los proyectos emblemáticos de su comuna, Urzúa señaló que en EPV esperan reunirse con las nuevas autoridades edilicias para entregarles toda la información, de modo que Sharp -que en su campaña también calificó el proyecto del Mall Barón como «el mayor robo del siglo»- pueda «tener una opinión mejor fundada».
En cuanto al T2, Jorge Sharp ha recogido e incorporado en su programa diversas críticas de organizaciones derivadas de un eventual impacto que la iniciativa pueda tener sobre la zona patrimonial porteña. El proyecto corresponde a un frente de atraque de 725 metros lineales para atender dos buques post Panamax y su construcción, adjudicada a OHL, está a cargo de la empresa Terminal Cerros de Valparaíso.
La posibilidad de impulsar diseños alternativos se funda en cuatro iniciativas promovidas por el Colegio de Arquitectos, las que han sido elaboradas por un consorcio de universidades de Santiago y Valparaíso, el colegiado Alberto Texidó y el profesional porteño Daniel Morales, quien ahora fue elegido concejal, representando al mismo movimiento político del alcalde Sharp.
Morales dijo saber que el Estado ha adquirido compromisos al licitar el Terminal 2. Pero expresó su confianza en que el respaldo electoral obtenido por Sharp y las conclusiones sobre un impacto «alto, permanente e irreversible» que esa infraestructura tendría sobre la zona patrimonial -según el estudio encargado por el Gobierno a petición de la Unesco- se transformen en factores que viabilicen una nueva decisión política en torno al proyecto.
Según sus promotores, estos proyectos alternativos minimizan esos impactos y preservan actividades como las del dique flotante, pero en EPV aseguraron que disparan los costos en relación con los US$ 500 millones comprometidos. Morales admitió que ello ocurre con las opciones que proponen expandir el puerto fuera de la actual poza de abrigo. La alternativa de Texidó, que en EPV estiman en US$ 1.200 millones, dijo que es más barata que la del Terminal 2.
Fuente: El Mercurio
