Chile necesita una inversión de US$4.390 millones de aquí a 2016-2025 para ponerse al día con la infraestructura portuaria, esencial para la conectividad de las distintas ciudades de nuestro país con todo el mundo. Esa es una de las conclusiones de un informe de infraestructura crítica para el desarrollo de la Cámara Chilena de la Construcción. La principal necesidad de puertos está en la zona centro, donde, de acuerdo con el estudio, se debieran realizar inversiones por US$3.611 millones en la próxima década. ¿La razón? Varios de los puertos ya alcanzaron el límite de capacidad: mientras Arica y San Antonio llegaron a su límite en 2015, en Antofagasta y Valparaíso esto ocurrirá a fin de mes; e Iquique, en 2020.
Cristián Herrera, gerente general CChC, asegura que el desarrollo de infraestructura requiere miradas de largo plazo, y plantea que Chile está atrasado. “Mantenemos un nivel de inversión en infraestructura pública por debajo de lo requerido. Debiera ser de 5% si queremos alcanzar el desarrollo en las próximas décadas. Hoy el promedio en Chile es de 2,5% del PIB”, explicó Herrera, en un seminario sobre infraestructura portuaria organizado por Aipef Chile.
Según expertos, se requiere de un puerto de gran escala, y precisamente en ese proyecto está trabajando el Puerto de San Antonio, que, con una transferencia de carga de 16,2 millones de toneladas en 2014, es el más importante del país. El presidente del Puerto de San Antonio, José Luis Mardones, comentó que la empresa está avanzando para ingresar el Estudio de Impacto Ambiental a fines del primer semestre del próximo año. “El tema fundamental es estar listos para cuando se necesitan los nuevos terminales. Lo antes que podemos entrar en operación con el Puerto de Gran Escala es el año 2026, en diez años más, y tenemos un cronograma preparado para aquello”, planteó durante el encuentro de Aipef Chile.
La relación de los puertos con el entorno urbano es esencial para su desarrollo. En ese sentido, el ex gerente general del Puerto de Valparaíso, Harald Jaeger, plantea que la situación actual evidencia ciertos factores que tensan esa relación. “En primer lugar está el desarrollo de la función portuaria, que es una necesidad estratégica de los países, pero al ser una industria intrusiva, genera externalidades. En segundo lugar, están las expectativas sobre el acceso de la comunidad a los beneficios que genera el puerto. En tercer lugar, el uso urbano del borde costero. Por último, está el interés de reducir las externalidades en términos medioambientales, de congestión, vista, etc.”, explicó en el seminario de Aipef. A su juicio, hay una serie de factores que obstaculizan esa relación, como la ineptitud de la gobernanza, planificación desconectada entre los urbano y portuario, falta de comunicación de los planes de desarrollo urbano y portuario y sus fundamentos, la incompetencia de ciertos actores tanto por la poca permanencia como por intereses particulares, normativa y regulación inadecuada, y falta de participación, lo cual a su vez se explica por la falta de alineamiento entre lo público y privado. Según explica, todo se resume en una falta de visión integral.
Clemente Pérez, ex presidente de Metro y de Copsa, coincide con esta visión, acusando una falta de sentido de urgencia. “Los proyectos se demoran 10 años en salir adelante, ¿quién resuelve?”, planteó en el seminario de Aipef. “Se va a requerir una inversión de US$3.000 millones, estamos hablando de dos líneas de Metro completas, y se discute si será para 2021 o 2025, dependiendo del crecimiento de la economía, pero el problema es ahora. Estamos todos claros de que se necesita tomar una decisión, pero el problema es que no sabemos dónde está el capitán”, explicó. A su juicio, se requiere un consejo nacional de infraestructura, que trascienda los ciclos políticos, además de una política nacional de infraestructura.
Desarrollo logístico
El Ministro Andrés Gómez-Lobo también destacó la importancia de la planificación territorial y la integración de la ciudad con el puerto. A su juicio, se requiere de un desarrollo sostenible y articulado en los grandes proyectos de infraestructura, para lo cual la Comisión Nacional de Logística (Conalog) integrada por los ministros del ramo, además de Economía y Hacienda, juega, a su juicio, un rol central.
En eso coincidió Marcela Allué, gerente general de Copsa. “El desafío es integrar logísticamente todo el país”, puntualizó. De acuerdo con datos de JLL, los principales centros de distribución, bodegas y actividades productivas han sido impulsados a asentarse hacia la periferia de la ciudad, siendo el submercado poniente de la Región Metropolitana el que más importancia ha tomado.
Fuente: Pulso
