En un informe de 18 páginas, la firma PMI Energy Services cuestionó la factibilidad técnica del proyecto de Puerto de Gran Escala (PGE) de la Empresa Portuaria de San Antonio (Epsa).
El documento, de autoría de los ingenieros civiles Hugo Baesler y José Manuel González, y divulgado por El Mercurio, plantea que el PGE San Antonio supone riesgos en caso de un megaterremoto de 9 grados Richter y un tsunami, ya que ante una ola de 6 u 8 metros, el rompeolas no podría evitar que los contenedores fueran arrastrados y a la vez, las naves no alcanzarían a salir a la gira antes de la llegada del maremoto.
Según El Mercurio, ambos profesionales proponen que el PGE San Antonio reduzca de 8 a 4 el número de sitios de atraque de naves portacontenedores. «Si San Antonio modifica el proyecto y lo deja en cuatro sitios, se puede construir», dijo Baesler, quien añadió que otros tres sitios se podrían levantar en Valparaíso porque «tiene menos riesgo por contar con una bahía abrigada, permitiendo un menor costo de inversión y plazo de construcción».
Así también, el informe señala que hay una subvaloración de la inversión para construir el rompeolas de 3.875 metros que incluye el PGE San Antonio; por lo tanto, el desarrollo de las faenas sería a mayor plazo y a un costo más elevado del presupuestado.
Ante estas declaraciones, el presidente del directorio de Epsa, José Luis Mardones, enfatizó a El Mercurio que «ese informe no tiene ninguna calidad técnica» y confirmó que la estatal sigue adelante con los estudios previos a la ejecución del PGE, en los que ya se han invertido cerca de 15 millones de dólares.
Defensa
En San Antonio, las autoridades reaccionaron con extrañeza frente al informe.
«Es tendenciosa y de extraños intereses la postura de los ingenieros justo ahora cuando el puerto de San Antonio destaca por su eficiencia y eficacia en la actividad portuaria siendo el puerto más importante del país, hoy que además importantes compañías de cruceros ven a San Antonio como una alternativa viable y de buena conectividad con la capital», sostuvo el consejero regional Roy Crichton (DC).
El core añadió que «solo espero que no sea una campaña orquestada para, con publicidad, tratar de disminuir las posibilidades de San Antonio. Es el momento de dejar las diferencias políticas de lado y bregar todos juntos para defender lo que en hechos nos hemos ganado».
Para la diputada María José Hoffmann (UDI), el citado documento no tiene mayor validez. «No vamos a tolerar una guerra sucia contra el megapuerto de San Antonio. Bajo una apariencia técnica se pretende desestimar años de estudios y trabajo serio de Epsa. Nuestra vocación portuaria no puede quedar en medio de guerrillas menores, debe ser tratada como política de Estado».
Hoffmann insistió en que «ambos puertos (San Antonio y Valparaíso) son necesarios y complementarios. La Presidenta Michelle Bachelet se comprometió (a hacer el anuncio del PGE a mediados del presente año) y debe cumplir su palabra».
Al respecto, el alcalde de San Antonio y presidente de la Asociación de Ciudades Puerto y Borde Costero de Chile, Omar Vera, aseveró que «todos tienen derecho a pedir informes técnicos de distintos profesionales, lo importante es tener un plan de trabajo y una planificación por etapas; es justamente lo que tiene el puerto de San Antonio».
El edil recordó que todos los estudios realizados hasta ahora dan cuenta de que es técnicamente factible ejecutar el PGE en San Antonio.
«Debemos estar tranquilos porque los pasos que se están dando van bien encaminados… En todo orden de cosas, cuando hay negocios económicos de por medio, es indudable que la competencia genera algunas situaciones reñidas con la ética y la honestidad.Podríamos pensar que hay intereses creados (para perjudicar a la ciudad-puerto), pero sobre eso San Antonio tiene un muy buen proyecto», concluyó el alcalde.
El senador Francisco Chahuán (RN) reconoció que lo que realmente «es preocupante» es que el Gobierno aún no haya definido la ubicación que tendrá el megapuerto y, por lo mismo, llamó «a terminar con las especulaciones y proceder a resolver la que será la infraestructura portuaria de los próximos 30 años».
Fuente: Líder San Antonio