El consorcio GUPC espera obtener 157 millones más por el litigio del basalto
Sacyr aguarda la el laudo del arbitraje decisivo en el conflicto por la construcción del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá. La Corte de Arbitraje Internacional de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en Miami, emitirá el fallo del proceso relativo a la ausencia de basalto y la composición del hormigón en los próximos días. Grupo Unidos por el Canal de Panamá (GUPC), el consorcio encargado de las obras que lidera el grupo español, reclama 463,1 millones de dólares (391 millones de euros al cambio actual).
Sacyr y sus socios, la italiana Salini Impregilo y la belga Jan de Nul (la panameña Cusa queda al margen), esperan recuperar de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) por este arbitraje un total de 430,29 millones de dólares (363 millones de euros), según las estimaciones recogidas en la memoria anual de la constructora española. Supone un 24% más que los 347 millones de dólares (293 millones de euros) que GUPC proyectaba en 2018.
De la cantidad esperada no obstante, la ACP ya abonó 244 millones de dólares (206 millones de euros)
De la cantidad esperada no obstante, la ACP ya abonó 244 millones de dólares (206 millones de euros) tras la decisión de la Junta de Resolución de Conflictos (DAB, por sus siglas en inglés) en diciembre de 2014. Por tanto, el saldo neto para los constructores ascendería a 186 millones de dólares (157 millones de euros). A Sacyr le corresponderían más de 50 millones de euros.
La ACP, por su parte, demanda, precisamente, la devolución de los 244 millones de dólares y otras cantidades hasta totalizar 265,3 millones de dólares (224 millones de euros). En caso de que la Corte dé la razón a las autoridades panameñas el impacto adicional para GUPC sería de menos de 20 millones de euros.
Sacyr tiene todo provisionado ante un eventual laudo negativo
Sacyr tiene todo provisionado ante un eventual laudo negativo y, según ha repetido en los últimos años su presidente, Manuel Manrique, todo lo que puede generar el conflicto con la ACP es caja para el grupo.
El del basalto es uno de los cinco procedimientos por los que han confrontado GUPC y la ACP por las obras del Canal de Panamá, uno de los mayores proyectos de infraestructuras realizados en el mundo. Hasta la fecha se han resuelto dos favorables al Gobierno panameño, el de los anticipos, por el que el consorcio tuvo que devolver 548 millones de dólares (462 millones de euros), y el de la ataguía del Pacífico, con una condena de 194 millones de dólares (164 millones de euros). Por el contrario, las empresas ya han cobrado por diversas reclamaciones 346,4 millones de dólares (292 millones de euros).
El resultado «marcará» una tendencia con el resto de arbitrajes, «porque es la causa en la que se basa la mayoría de ellos»
La demanda de GUPC por el basalto representa menos de la décima parte del total de las reclamaciones presentadas, que rebasan, incluyendo daños y perjuicios, los 5.200 millones de dólares (4.388 millones de euros). Ahora bien, su relevancia, más allá del significativo volumen monetario de la disputa, reside en que el resultado del mismo «marcará» una tendencia con el resto de arbitrajes, «porque es la causa en la que se basa la mayoría de ellos», según afirmó en junio de 2019 Manrique. «Ahora solo contemplamos el escenario positivo de recuperar, mediante entrada en caja, una parte, esperemos que relevante, de las reclamaciones que tenemos en la Corte de Arbitraje de Miami», aseguró entonces.
Dos procesos en 2022 o 2023
Al margen del arbitraje del basalto, GUPC mantiene vivos dos litigios en Miami: el de las compuertas y sobrecostes laborales, por el que reclama 780 millones de dólares (658 millones de euros); y el de los costes de interrupción, con una demanda de 2.970 millones de dólares (2.507 millones de euros). La resolución de estos dos procesos se prevé para 2022 o 2023. El experto independiente DFL Associate considera «razonable» recuperar 2.057,8 millones de dólares (1.737 millones de euros) de los 5.200 millones de dólares totales.
Fuente: eleconomista.es
