Ocho organismos se han manifestado conformes con las respuestas contenidas en la última Adenda del proyecto de US$500 millones que entró a su última fase para obtener la autorización ambiental. Municipalidad de Valparaíso acatará futura decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental.
Tras más de 4 años de trámite ambiental, finalmente se allana el camino para el proyecto Terminal 2 de Valparaíso, iniciativa que desde septiembre de 2014 está a la espera de los permisos para comenzar las obras.
Ocho servicios públicos se han manifestado conformes con las respuestas contenidas en la última Adenda que TCVAL -firma que hoy es controlada por el fondo australiano IFM- presentó a la autoridad ambiental, que da cuenta de las modificaciones que la compañía introdujo al proyecto original Terminal 2 en Valparaíso. Se trata del tercer documento elaborado por la compañía con las respuestas a las observaciones formuladas por dichos organismos.
Once han sido los organismos requeridos por parte del Servicio de Impacto Ambiental (SEA) para visar el proyecto de US$500 millones que entró a su última fase para obtener la autorización ambiental. Entre ellos los Seremis de Obras Públicas; Vivienda y Urbanismo; junto a la Dirección General de Aguas; Dirección de Obras Hidráulica; Sernageomin; Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura; Corporación Nacional Forestal; y la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.
Aún resta por publicarse la postura que adoptará la Gobernación Marítima de Valparaíso y el Consejo de Monumentos Nacionales.
El actual gobierno ha calificado en otras ocasiones como prioritario para el país la necesidad de contar en el mediano plazo con una mayor capacidad portuaria y que por ello la construcción del Terminal 2 en Valparaíso es esencial para el país.
Para sacar adelante la iniciativa, concesionado en 2013 por 30 años, la compañía introdujo al proyecto original una serie de modificaciones, como disminuir el área del proyecto. En concreto, la empresa desistió de una parte de la iniciativa que se sobreponía sobre una ZT (zona típica) Área Histórica de Valparaíso y del sitio de Patrimonio Mundial.
Además, propuso una serie de medidas de mitigación como la elaboración de un plan maestro de borde costero, aporte a la gestión patrimonial del Sitio de Patrimonio Mundial y Zona Típica del Área Histórica de Valparaíso, mejoramiento del espacio público en el eje Errázuriz, la generación de un nuevo acceso al borde costero, implementando un equipamiento de integración urbana entre la ciudad y el puerto a través de la construcción de una pasarela miradora a la altura de calle Edwards, entre otras.
En el caso del Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de Valparaíso, eso sí, señaló en el documento firmado por Evelyn Mansilla, ingresado al SEA el 12 de julio, que “dada la envergadura del proyecto, será necesario a futuro, evaluar la pertinencia de ejecutar parte de los proyectos a contemplar por el Plan Maestro de Espacios Públicos que elaborará como medida de compensación al componente ambiental patrimonio cultural, como así mismo, replantear la propuesta pasarela Edward de manera tal que resuelva y genere nuevas aportaciones al paisaje”.
El proyecto ha enfrentado reparos tanto ambientales como de parte comunidad de la zona. Sin embargo, en entrevista con El Mercurio de Valparaíso, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, señaló ayer que respetará la decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA), desechando la opción de recurrir a la justicia ante cualquier decisión que adopte en torno al proyecto. Cabe señalar que el último oficio ingresado al SEA, firmado por Sharp, el municipio mantuvo su rechazo al proyecto producto de los impactos que ven para patrimonio cultural.
La concesionaria tiene hasta octubre para utilizar la cláusula de salida que establece el contrato y desistirse si es que no recibe la aprobación definitiva. Por ello, la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) sería clave para la continuidad de la compañía en el proyecto.
Valparaíso acatará decisión del CEA
Consultada por Pulso, la municipalidad de Valparaíso, señalaron que “nosotros creemos en el desarrollo portuario, así se lo hemos expresado a diferentes actores locales y nacionales, pero éste debe ser de cara a la ciudad y pensando en el bienestar de la comunidad”, indicaron. En esa línea, agregaron que “ahora es la Comisión de Evaluación Ambiental la que deberá determinar la aprobación, modificación o rechazo del proyecto, por lo tanto, es la institucionalidad y los diferentes entes administrativos y públicos correspondientes los que deben revisar lo presentado por el titular y evaluar si cumple con la normativa ambiental vigente”.
Fuente: Pulso
