Luego de que la petrolera solicitara 15 días adicionales para responder a las acusaciones, la entidad accedió, pero sólo
con un plazo de siete días extra.
Luego de que el 23 de septiembre la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) decidiera reabrir la investigación del procedimiento sancionatorio producto del episodio de contaminación ambiental que afectó a las zonas de Quintero y Puchuncaví, reformulando cargos contra ENAP Refinerías, titular del proyecto «Terminal Marítimo Quintero», la petrolera concretó su primera acción en el marco del proceso.
Desde la notificación de la reformulación de cargos, ENAP disponía de 10 días hábiles para presentar un programa de cumplimiento y de 15 días hábiles para formular sus descargos. Sin embargo, fiel a la dura respuesta que lanzó en ese momento asegurando que la SMA busca levantar una «cuarta tesis» sin fundamentos, la estatal se inclinó por la vía de responder las acusaciones aunque tomándose más tiempo
El viernes, el abogado José Pedro Scagliotti, en representación de ENAP, presentó un escrito ante la SMA, solicitando al fiscal instructor de la División de Sanción y Cumplimiento, Gonzalo Parot, conceder a la estatal una ampliación del plazo de 15 días hábiles para la presentación de
descargos.
«Dicha ampliación se funda en la necesidad de recopilar, ordenar y procesar de manera adecuada los antecedentes técnicos y legales que sustentarán la defensa de mi representada.
Asimismo, se justifica en la necesidad de coordinar con los distintos asesores técnicos que prepararán los informes necesarios para la debida defensa de mi representada», sostuvo.
Fue así que este martes la SMA acogió la solicitud de la petrolera, pero concediendo sólo un plazo adicional de siete días. Puntualizando que se puede dar, de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, cuando no excedan de la mitad de los mismos, la entidad señaló: «En el presente caso, considerando lo que indica la empresa, las circunstancias aconsejan una ampliación de los plazos, no perjudicándose por ello derechos de
terceros».
El proceso que abrió la SMA trata de siete cargos, dos de ellos calificados como «gravísimos», los que constatarían que la empresa realizó acciones no autorizadas en su Terminal Marítimo
Según explicó la SMA al reformular los cargos, la reapertura del caso obedece no sólo a nuevos antecedentes obtenidos mediante fiscalizaciones al titular del proyecto y requerimientos de información a la empresa, sino que también a dos estudios solicitados por la entidad fiscalizadora a la Universidad Católica (CITUC, Centro de Información Toxicológica y DICTUC, Dirección de Investigación Científicas y Tecnológicas), uno toxicológico y otro sobre calidad del
aire.
Este último, analizó como nueva arista investigativa las acciones realizadas por la empresa durante la descarga, almacenamiento y posterior drenaje de crudo iraní, hechos que se vinculan a la emergencia ambiental ocurrida en el año 2018 en Quintero y Puchuncaví.
Fuente: Diario Financiero
