La compañía deberá enfrentar nuevos desafíos si se resuelve seguir adelante con el proceso. Entre ellos, ingresar por primera vez la iniciativa a tramitación ambiental.
Corría el año 2006 cuando Mall Plaza suscribió un contrato de concesión y arriendo por 30 años con la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV). Con él, el operador de centros comerciales lograba dar un paso certero para levantar un nuevo inmueble en el sector, con la promesa de apoyar la recuperación del borde costero. En un principio, este estaría completamente remozado en 2008, mientras que el centro comercial comenzaría a construirse en 2011.
Nada de eso ocurrió según lo establecido. La oposición de parte de la ciudadanía, a la que luego se sumaron autoridades, llevaron a sucesivos atrasos en la iniciativas y las intenciones de concretar el proyecto recibieron ayer un golpe final. La Corte Suprema acogió el reclamo de ilegalidad que interpusieron organizaciones ciudadanas, dejando sin efecto el permiso de edificación que entregó finalmente en 2013 la Municipalidad de Valparaíso. La actual administración, comandada por el alcalde Jorge Sharp, ya se había opuesto públicamente -y con fuerza- a que la iniciativa se concretara. “Esta decisión de la corte pone fin definitivo al ‘No al Mall Barón’, y a abrir la discusión sobre lo que sí queremos para la ciudad en esa lugar”, comentó ayer el edil.
Sin embargo, la decisión de la corte no estaría poniendo la lápida definitiva al proyecto. Según conocedores de la iniciativa, los operadores estarían evaluando ingresar un nuevo proyecto, el cual sería discutido con el municipio para evitar las controversias iniciales. Desde la alcaldía no rechazaron estos intentos, aunque fueron escépticos con su desenlace. Esto, debido a que se trata de una edificación catalogada como equipamiento mayor, por lo que debe enfrentar una vía troncal expresa. Aquello, no sería posible debido a que el predio está cruzado por la línea férrea. Sin embargo, una de las opciones podría ser soterrar parte de ella.
Este no es el único desafío al que se enfrentarían los operadores a la hora de reingresar un proyecto. La iniciativa deberá enfrentar ahora la tramitación ambiental ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), cosa que no era necesaria cuando se recibió el permiso de edificación en 2013.
Tanto desde EPV como desde Mall Plaza se encuentran analizando qué alternativa se tomará. “Como empresa hemos sido respetuosos de las decisiones y pronunciamientos de la justicia. Esta vez no será la excepción. Junto a los equipos técnicos de la empresa analizaremos en profundidad los alcances de esta sentencia de la Corte Suprema, así como las implicancias”, comentaron desde EPV.
Mall Plaza también se encuentra evaluando los pasos a seguir. Ayer, la compañía defendió la validez del proyecto. “Esta licitación tuvo un carácter internacional y el contrato fue auditado y aprobado por la Contraloría General de la República”, comentó al respecto. El operador de centros comerciales se encuentra en proceso de apertura en bolsa, luego que accionistas minoritarios ejercieran tal opción. El impacto de la resolución judicial sería acotado en este proceso, según comentan fuentes al tanto. Esto, considerando que el proyecto en Valparaíso implica una superficie arrendable de 50 mil metros cuadrados, un tamaño acotado si se considera que la compañía maneja cerca de un millón de metros cuadrados para estos fines.
La batalla inmobiliaria
La decisión de la Corte Suprema fue recibida con vítores en la Municipalidad de Valparaíso. “Esta resolución le da la razón a las demandas ciudadanas que hace más de diez años plantearon que se estaba incumpliendo la ley. Mi reconocimiento a todos aquellos que han dado esas tremendas peleas”, dijo Jorge Sharp, haciendo un guiño a otros enfrentamientos similares en los que se encuentra actualmente la alcaldía. Entre ellos, la batalla judicial por Parque Pumpin, proyecto inmobiliario del ex controlador de D&S Nicolás Ibáñez. El municipio invalidó los permisos de la iniciativa, que databan de 2015, lo cual llevó al empresario a acudir a la justicia.
Y la resolución de ayer hizo que la administración diera un paso más en la revisión de licencias anteriores. “La DOM (Dirección de Obras Municipales) de 2013 vulneró la ley de urbanización y los instrumentos de planificación. Vamos a investigar todo tipo de irregularidades”, comentó el director jurídico de la alcaldía, Nicolás Guzmán.
Fuente: Pulso
