Entrevista a Fernando de Peña, vicepresidente ejecutivo de Mall Plaza:
«No puedes estar sujeto diez años a una exclusión permanente de si puedes realizar o no tu proyecto, contando con los permisos de construcción. Se requiere mejorar la legislación», señala el ejecutivo.
Más de 10 años batalló Mall Plaza -la cadena de centros comerciales en que participan Falabella y otros socios minoritarios- por sacar adelante su proyecto en el Muelle Barón en Valparaíso. Tras 22 reclamaciones y la oposición del alcalde Jorge Sharp y del sector portuario, casi al finalizar el 2017 la Corte Suprema declaró ilegal el permiso de edificación otorgado por la Municipalidad de Valparaíso. «Estamos muy frustrados», señala Fernando de Peña, vicepresidente ejecutivo de Mall Plaza desde hace 28 años. En el frustrado centro comercial se desembolsaron US$ 7,5 millones, «que ya no es inversión; es costo», aclara.
-Antes de la decisión de la Suprema, este proyecto enfrentó varios escollos. ¿Hacen un mea culpa por perseverar en una iniciativa que generó oposición de varios sectores, incluso el sector empresarial?
«Estamos muy frustrados, porque después de 10 años de tramitaciones, de haber acogido todas las observaciones, tanto de organismos nacionales como internacionales, en que siempre actuamos de buena fe, cumplimos con todas las exigencias, sorteamos con fundamentos sólidos más de 20 requerimientos legales y administrativos, modificamos el proyecto varias veces e hicimos muchas versiones, acogiendo un montón de observaciones ciudadanas, y a pesar de todo eso no poder hacer este proyecto, que era un aporte para la ciudad de Valparaíso… es tremendo».
«El proyecto era mucho más que un centro comercial: era un distrito costero, incluía siete hectáreas de paseos públicos y parques. Si lo comparas con Puerto Madero en Buenos Aires, que tiene diez metros de ancho, este tenía 40 metros de ancho; dos plazas, cada una equivalente a la Plaza Victoria. Por lo tanto, tenemos el más absoluto convencimiento de que era un proyecto que le estaba devolviendo el borde costero a la ciudad».
-Los empresarios portuarios se opusieron al proyecto, no solo el alcalde Sharp (FA). ¿Eso fue lo que más pesó?
«Hay ciertos stakeholders a los que no logramos traspasarles los beneficios sociales de este proyecto, pero siempre contamos con la mayoría de los porteños, que lo apoyaban».
-¿La gente de a pie los apoyaba y los empresarios no?
«Yo no hablaría de empresarios, pero había ciertos stakeholders que siempre estuvieron en contra. Lo que más nos preocupa es que este proyecto obtuvo un permiso de edificación en 2013 y la Corte Suprema desconoce los derechos adquiridos de acuerdo a la institucionalidad vigente sobre ese permiso. Además, por 10 años, tribunales de justicia, la Corte de Apelaciones y la misma Corte Suprema, siempre validaron este proyecto. Ahora la Corte Suprema cambió el criterio, y desconozco los motivos».
-¿Renunciaron totalmente al proyecto porque consideran injusto el fallo?
«No sé si es justo o injusto. No pudimos realizar un proyecto que era un tremendo aporte a la ciudad de Valparaíso, una de las inversiones privadas más importantes de los últimos 50 o 100 años».
-¿Qué es lo que más le preocupa de todo esto?
«Que como compañía queremos seguir invirtiendo, queremos seguir haciendo ciudad, pero necesitamos reglas claras, en tiempos acotados y determinados con anterioridad. No puedes estar sujeto diez años a una exclusión permanente de si puedes realizar o no tu proyecto, contando con los permisos de construcción. Se requiere mejorar la legislación al respecto, porque también muchas de estas inversiones obedecen a temas de oportunidad en el tiempo».
-¿Hay responsabilidades de la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV), que los convocó?
«Fuimos invitados por el Estado de Chile, en el contexto del Plan Bicentenario, que justamente respondía a devolver el borde costero a la ciudadanía. Nuestra relación con la empresa portuaria siempre fue muy armónica, muy cooperativa, y ambos permanentemente mantuvimos diálogo con la comunidad, con los distintos actores».
-¿Pesó que Valparaíso sea patrimonio de la humanidad de la Unesco?
«No. Este terreno se encuentra a 2,3 kilómetros de la zona patrimonial. Eso hay que dejarlo claro. Cuando la Unesco se hizo parte de esta discusión patrimonial se armó una Comisión Presidencial y se realizaron todas las modificaciones junto con distintos actores, y eso la Unesco lo validó».
-¿Qué espera de las nuevas autoridades?
«Más que las autoridades que estén en el gobierno, lo importante es contar con reglas claras para que las inversiones se puedan hacer de manera segura en el largo plazo».
-Dado que se frustró Plaza Barón, ¿van a privilegiar el desarrollo de inversiones fuera de Chile?
«Tenemos un plan de desarrollo global, regional. Estamos construyendo en este minuto dos centros comerciales en Colombia: uno en la ciudad de Manizales, que abre en el segundo semestre de este año, y el otro en la ciudad de Barranquilla, y estamos construyendo un centro comercial en Arica, por 1,5 millones de UF (US$ 66 millones). Nosotros queremos seguir haciendo ciudad y queremos tener reglas claras».
-¿Es más fácil concretar proyectos fuera de Chile que en el país?
«Cada país tiene sus distintos desafíos, y esta es una compañía que, históricamente, siempre ha logrado sacar adelante sus proyectos».
-¿Por dónde viene el crecimiento de Mall Plaza?
«Hoy estamos muy concentrados en Chile, Perú y Colombia. Nuestro objetivo es poder seguir consolidándonos en estos tres países».
-¿Y han analizado Argentina, donde ha habido cambios económicos?
«Siempre estamos analizando distintos mercados, pero hoy el foco de la compañía está en estos tres países».
No pudimos realizar un proyecto que era un tremendo aporte a la ciudad de Valparaíso, una de las inversiones privadas más importantes de los últimos 50 o 100 años».
